La falta de ley de consulta como riesgo para el inversionista

Sin ley, cada proyecto se litiga caso por caso vía amparo; la CC ordena consultas con reglas que ella misma improvisa por sentencia, y el mismo tribunal sostiene que las consultas que las poblaciones sí organizan no son vinculantes. El resultado es obligación cierta con procedimiento incierto. Contexto que explica por qué el conflicto se judicializa y se calienta: la desconfianza ciudadana en los tribunales se estima en 88-95% (CIIDH), y dos de los casos del dossier transcurrieron bajo estados de sitio (Barillas 2012; El Estor, impuesto el 24-oct-2021). El dossier recomienda monitorear la consulta como riesgo-país: el año preelectoral 2027 puede reactivar intentos de reglamentación en cualquier dirección.